Torrent se entraría a formar parte del grupo selecto de grandes ciudades.

Este tipo de régimen especial de grandes ciudades lo creó el Estado en el año 2003. Las poblaciones de más de 250.000 habitantes y la capitales de provincia de más de 175.000 habitantes entraron automáticamente en este régimen cuando se promulgó la ley, que en dos de sus apartados abre la puerta a la inclusión de otras ciudades que deben cumplir dos requisitos ser capital de provincia o Comunidad Autónoma aunque tengan menos de 175.000 habitantes o los municipios de más de 75.000 habitantes con circunstancias especiales económicas, sociales, históricas o culturales.

En este último apartado es donde Torrent quiere optar a convertirse en Gran Ciudad, ya que al ser capital de una de las comarcas más activas y pobladas de la Comunitat Valenciana, es capital económica, cultural y social. De esta forma cumple con estas circunstancias especiales que contempla la ley. Además, la comarca de l’Horta Sud de la que Torrent es capital es uno de los motores económicos de la Comunitat.

La petición de Torrent deberá ser tramitada por el Consell y aprobada por las Cortes Valencianas a través de una nueva ley que deberá promulgar la cámara autonómica. Así, deberá ser una ley de la Cortes Valencianas quien otorgue a Torrent el título de gran ciudad para disponer de todos los derechos que ello conlleva.

Entre las posibilidades que la ley de grandes ciudades abriría a Torrent destaca la mayor participación de las ciudadanas y ciudadanos en la gestión municipal y la descentralización de los servicios. Entre las actuaciones inmediatas que implica el nuevo título está la creación del Consejo Social de la ciudad, donde estarán presentes todas las organizaciones vecinales, la creación de una comisión especial de sugerencias y reclamaciones que defienda los intereses de los vecinos y un órgano especial para resolver las reclamaciones económicas-administrativas de los ciudadanos.

En este mismo sentido de participación prevé la ley la creación de las juntas de distrito que permite descentralizar el Ayuntamiento y prestar una mejor atención a los ciudadanos y ciudadanas. La Junta de Gobierno Local, máximo órgano de gobierno de un Ayuntamiento, podría incluir un tercio de miembros que no sean concejales electos. Esto abre la posibilidad a que especialistas en diferentes materias puedan participar y decidir en la gestión municipal.

Recibir financiación de los impuestos estatales

Al mismo tiempo, al superar los 75.000 habitantes la ciudad, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para que la ciudad pueda beneficiarse de una mayor financiación del Estado. El artículo 112 prevé que municipios de más de 75.000 habitantes puedan recibir una parte de los recaudado por impuestos nacionales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto Sobre el Valor Añadido y los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, tabaco y alcohol. En concreto para los dos primeros impuestos recibiría un porcentaje del 1,7% y un 2% de los impuestos especiales. De esta manera, el dinero recaudado por el Estado revertiría en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de Torrent.

La alcaldesa de Torrent, María José Català, explicó hoy que desde la llegada al gobierno local “una de mis prioridades ha sido colocar a Torrent en el lugar que por justicia se merece. Entrar a formar parte del grupo de grandes ciudades españolas es un paso muy importante para el despegue de Torrent y seguir mejorando la calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos. De esta forma, nadie podrá negarnos nuestra capitalidad al convertirnos en una gran ciudad de la Comunitat como ya lo somos de hecho, ahora queremos serlo por derecho”.

“Sentirse orgulloso de ser torrenti debe ir muy unido al prestigio de gran ciudad que debe tener Torrent. Nuestro objetivo final es que Torrent sea esa ciudad moderna y que esté a la cabeza en la vanguardia de la cultura, comercio, industria y bienestar en a Comunitat Valenciana”, señaló hoy la alcaldesa de Torrent.

La alcaldesa también ha destacado que este nuevo régimen “también servirá para que exista una mayor participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones municipales con la creación de las juntas de distritos o barrios, o los órganos que velen por la calidad de los servicios municipales como la comisión de reclamaciones que es como un defensor del pueblo a nivel municipal”.